Reacción del Estado ante la crisis por COVID-19 y las medidas fiscales

Como ya se ha mencionado con anterioridad en el BLOG, una política fiscal es la acción que toma un gobierno con relación a la estrategia monetaria para afrontar una crisis, una situación o un proyecto público ya sea a corto, mediano o largo plazo; misma que afecta la economía del país y su desarrollo. 

En México, un ejemplo de política fiscal sería: (consideremos que la información para el ejemplo está correspondiente al año 2020)

"Salud y finanzas públicas: consideraciones de política fiscal ante el COVID-19"

La crisis sanitaria que vivimos al día de hoy, como consecuencia de la propagación a nivel mundial del COVID-19 representa grandes retos en términos de políticas tanto públicas, como fiscales. Se identificaron cuatro necesidades principales: 1) evitar contagios y morbilidad entre la población, 2) se requieren políticas contracíclicas* de corto plazo, que ayuden a la población en necesidad, a conservar los empleos y apoyar las estructuras productivas del país, 3) saliendo de la parte más severa de la crisis, se tienen que discutir medidas económicas estructurales: espacio fiscal, como fondear al sistema de salud, y el establecimiento de una red de protección social robusta; 4) revisar la capacidad de los países para reaccionar ante problemáticas que trascienden sus fronteras.

Algunos países tomaron como principales medidas las de índole monetaria, asumiendo que la suficiente liquidez sería lo ideal para pelear contra una crisis identificada como “choque de oferta”. Sin embargo, la demanda agregada tuvo una reducción  considerable por lo que la política fiscal debía complementar las herramientas de política pública. Más aún, algunos países han propuesto medidas fiscales que rebasan el 10 por ciento de su PIB anual y catalogado como emergencia nacional la necesidad de intervenir (Yale University 2020).

(*que considera que la política económica de un país para salir de una crisis se debería enfocar en el estímulo de la demanda con el impulso del gobierno, la política fiscal y el déficit público.)

Las acciones llevadas a cabo fueron las siguientes: 

Incremento de presupuesto para la Secretaria de Salubridad y Asistencia (por sus siglas SSA), donde los dos objetivos inmediatos eran: 

• Garantizar el acceso al diagnostico y tratamiento para todos (barreras organizacionales y capacidad física del sistema; que las pruebas sean asequibles y existan recursos inmediatos). 
• Impulsar y optimizar la capacidad del sistema de salud: para esto se utilizan las tres S de la salud.

1. Staff (personal): los países que destinan menor cantidad de presupuesto para la salud, tendrán menor capacidad humana en cuanto a doctores y enfermeras; en México, hay .55 doctores por cada mil habitantes y 1.44 enfermeras. Duplicar el número de médicos durante tres meses sería equivalente a destinar 6 mil 281 mdp. Mientras que para duplicar el número de enfermeras durante tres meses se requieren 7 mil 928 mdp. En total 14 mil 210 mdp
2. Supplies (suministro): en este aspecto nos referimos a la respuesta inmediata para centrarnos en la aplicación de pruebas de diagnostico y suministro de emergencia. Aplicar 6,100 pruebas por cada mil habitante, siguiendo el ejemplo de Corea del Sur, le costaría a México mil 790 mdp; mientras que aplicar 136 pruebas por cada millón de habitantes, como Estados Unidos, le costaría 39.8 mdp, esto considerando un costo de producción de $2,309 pesos (OCDE 2020). 
3. Space (espacio): Era evidente la importancia de contar con las camas de terapia intensiva para poder tratar a las personas enfermas, sin embargo, en 2018, México contaba con un total de 139 mil 581 camas, es decir, apenas 1.1 camas por cada mil habitantes (SSa 2020). Para alcanzar el promedio de la OCDE se requeriría incrementar 3.4 veces esta cifra y alcanzar 470 mil 239 camas.

Llegamos entonces a la parte presupuestaria, donde se presentan estimaciones presupuestarias: 

Tabla obtenida de https://ciep.mx/ntv6

     Después de tener ya el presupuesto, debe decidirse de que forma se recaudarán los fondos, pudiendo ser la condonación del pago de cuotas obrero-patronales por parte de las empresas al IMSS y al INFONAVIT; debido a que en México, en 2019, 56.2 por ciento de la población económicamente activa se empleaba en actividades informales (31.3 millones de personas) (INEGI 2019), es necesario pensar en medidas que complementen el ingreso familiar, tal como una transferencia monetaria individual por tres meses. Esta medida económica ha sido implementada en otros países como Argentina (IFE 2019). (CIEP 2020); redirigir el dinero de los proyectos de inversión prioritarios a actividades con un impacto inmediato ayudaría a generar empleo, reactivar algunas industrias y, de esta manera, aminorar el impacto económico en algunos sectores, algunos proyectos que pudieran aplazarse para atender la emergencia inmediata son la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, el corredor en el istmo de Tehuantepec y el Tren Maya (CIEP 2020); y así como estos ejemplos, hay más. 

    Podemos concluir entonces que la política fiscal es de suma importancia para crear las condiciones adecuadas para que la política monetaria pueda alcanzar y mantener una estabilidad de precios; tener una postura fiscal insostenible en un país, es poner en riesgo la estabilidad de precios. 

   Consideraciones de política fiscal ante el COVID-19. (s. f.). Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A. C. Recuperado 2 de diciembre de 2021, de https://ciep.mx/consideraciones-de-politica-fiscal-ante-el-covid-19/